La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tiene en sus manos la prórroga de dos años otorgada a Fernando Ganami, director de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Un día después de la sesión pública en la que se impuso la moción de extender el mandato, la concursante Carmen Fontán se presentó ante el tribunal para solicitar la suspensión de la decisión aduciendo que esta tornaba ilusorio su derecho a obtener una respuesta judicial oportuna (ver aparte). La abogada expresó que Ganami había agravado en forma injustificada las dilaciones del proceso.

“Busco que la sentencia no se convierta en una ficción jurídica de imposible reparación ulterior”, expresó Fontán, quien judicializó la designación del director de la Escuela Judicial en 2014. En aquel momento, la aspirante a directora académica que lideró el orden de mérito del concurso convocado por el CAM había pedido a la Sala III que paralizara en forma cautelar la cobertura del puesto, pero el vocal Sergio Gandur denegó la medida. “En el caso, y en virtud de las constancias a la vista y de las alegaciones de Fontán, no se advierte que el requisito del peligro irreparable en la demora esté acreditado”, juzgó el magistrado.

Fontán volvió a la carga durante la semana pasada ante la inminencia del vencimiento del mandato de Ganami y la versión de su continuidad. La letrada expresó que la página web del CAM estaba en reparación desde hacía días y que se había enterado de la novedad de manera extraoficial. La vocal Ebe López Piossek debe resolver la segunda solicitud de medida cautelar.

Pruebas y oposiciones

En este juicio interviene el Consejo representado por Martín Tello, consejero titular por los abogados del sur, y el propio Ganami (José Adle, consejero por los abogados de la capital, consideró que había que allanarse a la demanda). El proceso está en la etapa de producción de pruebas. Fuentes judiciales informaron que tanto Tello como el director se opusieron a algunas de las pruebas ofrecidas por Fontán, pero que la Sala III sólo sustanció las objeciones del segundo por considerar que las primeras eran extemporáneas. La postulante quiere acceder a información sobre viajes, licencias y cargos de Ganami en la Universidad Nacional de Tucumán. El funcionario del CAM asimismo alegó que la información periodística citada por Fontán no era válida a los fines probatorios.

Antes de acceder a la Dirección de la Escuela, Ganami se había desempeñado como asesor de Claudia Sbdar, ex presidenta del CAM y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Luego, el órgano lo ascendió a prosecretario en forma discrecional -hasta 2014 y con la excepción de la secretaria Sofía Nacul, todo el personal había sido nombrado sin concurso, pese a que el reglamento establecía el mecanismo de selección objetivo-. A continuación, el CAM decidió concursar la Dirección Académica: así empezó un proceso conflictivo que desembocó en la judicialización de Fontán, aún abierta. Pese a que esta encabezaba el orden de mérito, la institución se inclinó por Ganami (número dos) con los votos de los entonces consejeros Regino Amado, Adriana Najar, Eudoro Albo, Antonio Bustamante, Isabel Nacul y Tello (fue reelegido en 2015). El hoy intendente concepcionense Roberto Sánchez disintió y se inclinó por Fontán -Sbdar se excusó respecto de este tema-.

La mayoría dijo que había votado por Ganami por su perfil de líder conciliador abierto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La postulante vetada consideró que la designación era nula e inconstitucional por ser consecuencia de numerosas irregularidades.